La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), una alianza que agrupa a unas 40 organizaciones de Nicaragua y que tiene a 12 dirigentes detenidos, destacó hoy que «la resistencia no ha desaparecido», pero anunció que «buscará ocultar algunas de sus acciones y a sus referentes para evitar que sean arrestados», en medio de la ola de acciones judiciales contra opositores.
«La resistencia en Nicaragua no ha desaparecido; la UNAB y otros espacios persisten en ella; no podemos enumerar de manera pública qué espacios integran este plan, porque pondría en riesgo nuestras bases y a otras personas que son objetivos del régimen», aceptó Alexa Zamora, de la conducción de la UNAB.
Desde fines de mayo la Justicia de Nicaragua ordenó el arresto -y en muchos casos el juicio- de una treintena de opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales, con base en una ley de apenas dos artículos que castiga el menoscabo a la integridad nacional y el lavado de dinero.
Las detenciones hicieron que muchos opositores se exiliaran y la oposición redujera sus movilizaciones y protestas.
En su cuenta de Twitter, la UNAB se define como «la unión de diferentes movimientos, organizaciones, fuerzas sociales, políticas y económicas diversas y plurales que luchan por la libertad de Nicaragua».
Cuando fue presentada, en octubre de 2018, la alianza anunció que reunía a 43 organizaciones feministas, campesinos, del sector privado, profesionales, ambientalistas y de derechos humanos, al Frente Amplio por la Democracia (FAD), la Alianza Cívica, la Articulación de Movimientos Sociales y la Coordinadora Universitaria, entre otras.
Muchas de estas organizaciones se formaron a partir de la serie de protestas antigubernamentales de 2018, en muchos casos reprimidas y con un saldo de cientos de muertos y heridos, lo que llevó a denuncias de organismos internacionales y de entidades defensoras de los derechos humanos.
De los dirigentes de la UNAB están detenidos el candidato a la presidencia Félix Maradiaga, los exguerrilleros Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco, las dirigentes Violeta Granera, Tamara Dávila, Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil y el exvicecanciller Víctor Hugo Torres.
A todo esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) pidió visitar Nicaragua para examinar justamente la situación y pedir la liberación de los presos políticos, entre los que figuran los siete candidatos a presidentes opositores al régimen sandinista: Arturo Cruz, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Medardo Mairena, Noel Vidaurre, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga.
El organismo solicitó al Gobierno de Daniel Ortega «que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, integridad y libertad personal» de esas personas.
En su resolución, la Corte manifiesta «la disposición para realizar una visita in situ a Nicaragua, previa anuencia del Estado, a fin de verificar la situación de las personas detenidas que son beneficiarias de las presentes medidas, que éstas sean exhibidas personalmente ante la delegación del Tribunal, y se constate su estado de salud por medio de médicos independientes».
La delegación estará compuesta por al menos un juez de la Corte Interamericana y el Estado de Nicaragua deberá comunicar a más tardar el 24 de septiembre próximo, si acepta la visita.
En los comicios a celebrarse el próximo 7 de noviembre, Ortega, un exguerrillero sandinista de 75 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, buscará su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
